EL ESTADO DE LAS
AUTONOMIAS EN CRISIS.
Si hay algo claro es que el Estado
de las Autonomías tal y como fue planificado por Martín Villa se encuentra
actualmente en una profunda crisis. Sus ineficiencias son manifiestas y se
cuestionan no sólo desde los propios españoles sino también desde el conjunto
de Europa.
La división de tareas y funciones
entre las distintas administraciones ha llevado a la duplicar y triplicar los
organismos que desempeñan una misma función. La consecuencia es que los costes
de sostener esa administración se multiplican y también la desorientación de la
ciudadanía respecto de donde debe acudir para solucionar un determinado
problema. Podemos poner como ejemplo las funciones relativas a la "defensa
del consumidor" que uno las puede encontrar en el Ministerio
correspondiente, en la Consejería de turno, en la Diputación o en el
Ayuntamiento. Esta situación es irracional y habría que evolucionar hacia
"una función, una institución". Hemos de avanzar en la
organización del estado de modo que se evite el dilapidar el dinero público en
tareas que no reportan beneficio alguno a la ciudadanía.
También se hace necesario que los
servicios básicos como pueden ser la sanidad se correspondan al conjunto
de los españoles con independencia de la Comunidad Autónoma en la que
residan. Así la atención al paciente se deberá prestar en el centro
sanitario más próximo a su domicilio con independencia de que el mismo se
encuentre en su Comunidad Autónoma o fuera de ella. No puede ser que la
división de competencias provoque las tensiones actuales. Desde la racionalidad
pero también desde la voluntad política habrá que buscar una cierta igualdad en
la atención sanitaria que se reciba en las diferentes comunidades. Si la
sanidad pública parte del concepto de la atención universal a todos los
ciudadanos con independencia de sus ingresos, creo que ese mismo principio
también hay que aplicarlo a nivel de territorios y Comunidades Autónomas. Los
criterios de nivel de población y distancia al centro sanitario deberían ser
aplicables por igual a toda España. Lo mismo cabría decir de otros servicios
básicos.
Hay que avanzar en una unidad de
normativa en diferentes aspectos. En una sociedad cada vez más global no es
entendible que, por ejemplo, la normativa del impuesto de donaciones se haga
dependen del lugar de residencia de aquellos a los que se quiere hacer la
donación. En algunos casos hay que tener en cuenta no es sólo la Comunidad
Autónoma, no sólo la provincia sino también hay que tener en cuenta el municipio
de residencia (en Bizkaia sin ir más lejos). Ello lleva a una enorme
complejidad legislativa que lleva asociado
costes para la ciudadanía. Lo mismo cabría decir del caso de Extremadura
en el que se aplica un impuesto específico a los depósitos bancarios o se
decide adelantar el pago de la extra a
sus funcionarios de julio a enero. No
entramos en discusión si hay o no que aplicar ese impuesto o si se debe
adelantar ese pago de la extra de julio, lo que si creemos es que no se puede
hacer la guerra cada uno por su cuenta. Se hace necesario una unidad normativa
en este tipo de cosas. Lo contrario podría llevar a que en Extremadura
"vuelen" los depósitos bancarios hacia internet. La inseguridad
jurídica hace desistir de las inversiones.
Hay una corriente tendente a
simplificar las divisiones administrativas. En Italia se han suprimido varias
provincias y en España también hemos oído posiciones en ese sentido. Es posible
que convenga esa simplificación, pero desde luego creemos que la misma no pasa
ni por la supresión de las provincias ni de las juntas vecinales. Ambas
instituciones cuentan con muchísimos años de historia que avalan su
funcionamiento. Sin embargo si puede pasar por suprimir alguna Comunidad
Autónoma como la de Castilla y León que fue creada como una imposición y que ha
dado las mayores pruebas de ineficiencia. Es una evidencia que tanto a en los
niveles de renta económica como en el plano de la cultura, la situación de la
Región Leonesa ha empeorado desde su
creación (con mucho menos aval histórico que las provincias o las juntas
vecinales). Se han gastado ingentes cantidades de dinero (por ejemplo a través
de la Fundación Villalar) para crear una historia ficticia que se acomodase a
una Comunidad carente de base social. Si no funciona debería suprimirse. Por
cierto, haría bien el partido socialista en difundir a través de los medios de
comunicación el mapa político que propugna para esa España Federal que ahora
defiende. ¿Que federaciones la compondrían?.
Los avances del independentismo son
la otra cara del problema y ponen de manifiesto los graves errores cometidos en
el proceso de creación del Estado de las autonomías. Dar soluciones a todo ello
será uno de los principales retos que se nos
plantean en los años próximos de cara a avanzar hacia una sociedad más
responsable.
David
Díez LLamas. Autor de ¡irresponsables!
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