martes, 11 de diciembre de 2012


EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS EN CRISIS.


            Si hay algo claro es que el Estado de las Autonomías tal y como fue planificado por Martín Villa se encuentra actualmente en una profunda crisis. Sus ineficiencias son manifiestas y se cuestionan no sólo desde los propios españoles sino también desde el conjunto de Europa.


            La división de tareas y funciones entre las distintas administraciones ha llevado a la duplicar y triplicar los organismos que desempeñan una misma función. La consecuencia es que los costes de sostener esa administración se multiplican y también la desorientación de la ciudadanía respecto de donde debe acudir para solucionar un determinado problema. Podemos poner como ejemplo las funciones relativas a la "defensa del consumidor" que uno las puede encontrar en el Ministerio correspondiente, en la Consejería de turno, en la Diputación o en el Ayuntamiento. Esta situación es irracional y habría que evolucionar hacia "una función, una institución". Hemos de avanzar en la organización del estado de modo que se evite el dilapidar el dinero público en tareas que no reportan beneficio alguno a la ciudadanía.


            También se hace necesario que los servicios básicos como pueden ser la sanidad se correspondan al conjunto de los españoles con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. Así la atención al paciente se deberá prestar en el centro sanitario más próximo a su domicilio con independencia de que el mismo se encuentre en su Comunidad Autónoma o fuera de ella. No puede ser que la división de competencias provoque las tensiones actuales. Desde la racionalidad pero también desde la voluntad política habrá que buscar una cierta igualdad en la atención sanitaria que se reciba en las diferentes comunidades. Si la sanidad pública parte del concepto de la atención universal a todos los ciudadanos con independencia de sus ingresos, creo que ese mismo principio también hay que aplicarlo a nivel de territorios y Comunidades Autónomas. Los criterios de nivel de población y distancia al centro sanitario deberían ser aplicables por igual a toda España. Lo mismo cabría decir de otros servicios básicos.


            Hay que avanzar en una unidad de normativa en diferentes aspectos. En una sociedad cada vez más global no es entendible que, por ejemplo, la normativa del impuesto de donaciones se haga dependen del lugar de residencia de aquellos a los que se quiere hacer la donación. En algunos casos hay que tener en cuenta no es sólo la Comunidad Autónoma, no sólo la provincia sino también hay que tener en cuenta el municipio de residencia (en Bizkaia sin ir más lejos). Ello lleva a una enorme complejidad legislativa que lleva asociado  costes para la ciudadanía. Lo mismo cabría decir del caso de Extremadura en el que se aplica un impuesto específico a los depósitos bancarios o se decide adelantar el pago de la extra  a sus funcionarios de julio  a enero. No entramos en discusión si hay o no que aplicar ese impuesto o si se debe adelantar ese pago de la extra de julio, lo que si creemos es que no se puede hacer la guerra cada uno por su cuenta. Se hace necesario una unidad normativa en este tipo de cosas. Lo contrario podría llevar a que en Extremadura "vuelen" los depósitos bancarios hacia internet. La inseguridad jurídica hace desistir de las inversiones.


            Hay una corriente tendente a simplificar las divisiones administrativas. En Italia se han suprimido varias provincias y en España también hemos oído posiciones en ese sentido. Es posible que convenga esa simplificación, pero desde luego creemos que la misma no pasa ni por la supresión de las provincias ni de las juntas vecinales. Ambas instituciones cuentan con muchísimos años de historia que avalan su funcionamiento. Sin embargo si puede pasar por suprimir alguna Comunidad Autónoma como la de Castilla y León que fue creada como una imposición y que ha dado las mayores pruebas de ineficiencia. Es una evidencia que tanto a en los niveles de renta económica como en el plano de la cultura, la situación de la Región Leonesa ha empeorado desde su  creación (con mucho menos aval histórico que las provincias o las juntas vecinales). Se han gastado ingentes cantidades de dinero (por ejemplo a través de la Fundación Villalar) para crear una historia ficticia que se acomodase a una Comunidad carente de base social. Si no funciona debería suprimirse. Por cierto, haría bien el partido socialista en difundir a través de los medios de comunicación el mapa político que propugna para esa España Federal que ahora defiende. ¿Que federaciones la compondrían?.


            Los avances del independentismo son la otra cara del problema y ponen de manifiesto los graves errores cometidos en el proceso de creación del Estado de las autonomías. Dar soluciones a todo ello será uno de los principales retos que se nos  plantean en los años próximos de cara a avanzar hacia una sociedad más responsable.

                                                            David Díez LLamas. Autor de ¡irresponsables!




           

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