Hace
ya cerca de 40 años que publique “el proceso autonómico leonés”, obra que
posteriormente se ha reeditado en el año 2.014 formando una trilogía con “la
identidad leonesa” y “la personalidad leonesa”.
Mi
objetivo al escribir ese libro era dejar constancia a las generaciones futuras
de lo que fue y significo ese proceso. Trataba de evitar que aquello no cayera
en el olvido. Diría que, en general, el interés de no olvidar se da en mucha
mayor medida entre los derrotados que entre los vencedores. Desde luego, en
este caso, los que promovieron la integración leonesa en la Comunidad de
Castilla y León han querido enterrar esa memoria tal vez por cuanto sus
conciencias en el desarrollo de ese proceso tampoco eran como para presumir de
sus actuaciones.
Vivimos
en un medio social en que uno de los rasgos que la distinguen es la fugacidad
de las cosas ligada a la sucesión de aconteceres a una velocidad de vértigo. En
ese sentido veía con asombro los datos que aportaba una serie de tv. en la que
la mitad de los universitarios desconocía quién era Miguel Ángel Blanco.
Supongo que ellos siguen las consignas del que fuera alcalde de León Antonio
Silvan de “no mirar el retrovisor”. Yo sin embargo creo imprescindible ese
recuerdo como guía para evitar que esos acontecimientos vuelvan a repetirse.
Hay
que recordar que ese proceso de integración se produce ante la abierta
oposición tanto de la población leonesa como de sus instituciones. Así recordamos,
una encuesta realizada por la Diputación de León entre sus ayuntamientos.
Preguntados sobre lo que sería la mejor opción autonómica, la que fue elegida
por una amplia mayoría fue la de la Región Leonesa, mientras que la de Castilla
y León no alcanzaba ni el 10% de partidarios. Por otro lado, en la calle hubo
las mayores manifestaciones de la historia leonesa en defensa de un marco
autonómico propio (algo que recogen los diferentes medios de comunicación del
momento).
La
encuesta es una expresión libre de voluntades. Entonces habrá que explicar el
cambio que se produce para que los mismos que habían mostrado su adhesión a una
autonomía leonesa luego aprobasen en los plenos mociones de apoyo a la
inclusión en la autonomía de Castilla y León.
A
la vez hay que recordar que Martin Villa era presidente de su partido en León (la
Unión de Centro Democrático). Podía ser poco comprensible que fuera el
territorio del que era presidente donde se pusiera en cuestión su principal
proyecto político. Eso dotaba a Martin Villa de una gran capacidad de presión,
que fue la suficiente para cambiar sus voluntades.
Sin
embargo, cuando Martin Villa deja de ser ministro y su partido fracasa, los
militantes y cargos de UCD se ven libres de ese compromiso. Esa liberación se
traduce en rebelión. Por todo ello la Diputación de León que presidía Rodrigo
de Santiago (de UCD en ese momento) presenta una moción de rechazo a la
integración en la Comunidad de Castilla y León que es aprobada por 20 votos
frente a 4. Eso supone que el último pronunciamiento político de esa Diputación
es contrario al actual marco autonómico. Esa votación no tuvo el reconocimiento
jurídico por cuanto los tribunales consideraban que ese papel le correspondía a
las Diputaciones en el inicio del proceso, pero no cabía extenderlo con
posterioridad.
Martin
Villa necesitaba un cierto grado de complicidad fuera de su partido y dentro de
la autonomía que pretendía crear. Lo encontró en un vallisoletano, Gregorio
Peces Barba. Hay que tener en cuenta que desde el principio el impulso de la
autonomía de Castilla y León surge en Valladolid y allí nacen los grupos que la
promueven (como fue el Instituto Regional Castellano-Leonés). La razón era
clara, una autonomía conjunta de Castilla y León suponía situar a Valladolid en
el centro geográfico y por ende también en el político). De haberse configurado
la autonomía leonesa por un lado y la autonomía castellana por otro, a
Valladolid no le hubiera correspondido ese papel central. Por eso es
comprensible que también hubiera oposición a ese marco autonómico en otras
provincias como Burgos o Segovia.
La
reivindicación por una autonomía leonesa es también la del derecho de la
ciudadanía a elegir libremente su destino, sin imposiciones arbitrarias como
sucedió en ese proceso.
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