En
mi opinión creo que últimamente estamos sustituyendo el pensamiento por los
slogans. Ello podría ser extensible a diferentes campos, pero también al mundo
de la política.
En ese
contexto algunas fuerzas políticas han hecho bandera del “derecho a decidir”.
Es algo que suena bien y su simple enunciado tiende a tener una buena
aceptación. Todos queremos tener en alguna medida las riendas de nuestro
destino.
Sin embargo
si pretendemos ir más allá de ese slogan es cuando nos surgen muchas dudas. El
debate no es tanto si se tiene o no derecho a decidir sino más bien sobre quién
tiene ese derecho y sobre que cuestiones sería aplicable en cada caso.
Es
difícilmente comprensible que se diga “el derecho a decidir es mío, pero no
tuyo”. “Yo tengo ese derecho, pero no tú”. Es el concepto de que “quién tiene
poder, tiene derechos”. Algo que curiosamente apadrinan, entre otros, fuerzas
políticas que se dicen de izquierdas.
Para empezar
habrá que convenir que el derecho a decidir no es universal, es decir no es
aplicable a todo y a todos. Por poner dos ejemplos en el plano de las
cuestiones a dirimir no parece que
pudiese entrar el que se paguen o no impuestos y en el plano territorial
tampoco parece comprensible que cada municipio tuviese capacidad para decidir
su pertenencia o no al conjunto de un estado.
Llegados a
este punto me van a permitir que utilice como referencia el paralelismo de las
uniones matrimoniales y los divorcios. En la ceremonia del matrimonio (ya sea
civil o religiosa) el celebrante pregunta de forma individual a cada uno de los
contrayentes si desea casarse. Ambos deben expresar su conformidad para que el
acto sea reconocido como de pleno derecho. Son dos unidades independientes que
han decidido formar un proyecto común. Pensemos en la autonomía de Castilla y
León. En el momento de la llegada del Estado de las Autonomías ambas se
reconocen en el mapa de España como dos regiones distintas. En el proceso de
formar un marco autonómico común, ni la ciudadanía leonesa ni su representación
política dan su acuerdo para alcanzar esa integración. En el plano social hay
que recordar que las mayores manifestaciones de la historia leonesa fueron las
que mostraron su oposición a ese marco autonómico común. Por otro lado la Diputación
de León, en el último acuerdo sobre este tema, ha mostrado con claridad que
rechazaba el marco autonómico actual (por 20 votos a 4). En ese momento de
formalizar un “matrimonio político” (que el genial Lolo inmortalizaba con una
de sus viñetas) a los leoneses se nos privó del “derecho a decidir” si
queríamos o no aceptarlo. Por ello mismo y desde el punto de vista social (más
allá del jurídico) creo que debería ser considerado una unión “no válida” en
cuanto una de las partes no ha expresado su consentimiento (más bien al
contrario).
Si en
nuestro ejemplo nos fijamos ahora en los procesos de divorcio, tenemos que la
situación es distinta. Podríamos decir que al haber elementos comunes
(propiedades, en su caso hijos….) ya se hace necesario algún tipo de acuerdo
entre las partes para poder formalizar esa ruptura. No es admisible que una de
las partes decida las cosas de forma unilateral. Para mí este segundo caso,
sería el equivalente en términos políticos a Catalunya respecto de España. Aquí
el debate no es tanto si existe o no el derecho a decidir sino más bien si ese
derecho es algo exclusivo de los catalanes o se extiende al conjunto de los
españoles. Dicho de otro modo “la soberanía” es algo que pertenece a España o
que puede ser troceada en diferentes ámbitos territoriales. Los que defienden
la segunda opción habrían de explicarnos a que territorios sería aplicable y
los motivos que aducen para ello. En mi opinión en esos procesos “de divorcio”
no se puede excluir a una de las partes (al resto de los españoles).
Martín Villa
como impulsor del Estado de las autonomías tendría que reflexionar sobre en qué
medida su proyecto de contraponer a las fuerzas centrífugas (nacionalismo) unas
fuerzas centrípetas (en base a lo que crea Castilla y León) ha tenido éxito.
Los hechos vendrían a decir que no sólo no ha fortalecido España, sino que la
ha debilitado.
Al definir
los marcos de referencia del derecho a decidir se ha tendido a apelar a
conceptos como “nacionalidades históricas” pero claro si uno ve el escudo de
España encuentra cuatro grandes referencias: Aragón, León, Navarra y Castilla.
En todo caso podríamos añadir una más que sería Andalucía. El escudo es algo
que refleja nuestra historia a través de los siglos y ya ven ninguna de ellas
se tiende a considerar como “nacionalidad histórica” y a alguna ni siquiera se
le ha reconocido el derecho a contar con un marco autonómico propio.
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