En
mi opinión para entender el actual conflicto en Catalunya hay que tener claro
lo que pueden ser los límites del decir y el hacer en un sistema democrático. Esa
diferenciación es clave para entender lo que viene ocurriendo en ese
territorio.
En democracia
diría que se puede decir “casi todo”. Los límites vendrían a ser los que marca
el sentido común en todo aquello que directa o indirectamente afecta a la
violencia. Es decir, no caben expresiones que alienten el terrorismo o la
violencia en sus diferentes expresiones. Incluso diría que la democracia
española ha sido bastante laxa en ello. Así se ha permitido, durante bastantes
años, que partidos en cuyos mítines
subían encapuchados para gritar Gora Eta y quemar una bandera española
pudieran presentarse a las elecciones y ser votados por la ciudadanía. En
definitiva los límites en “el decir” son muy amplios y desde luego caben (por
supuesto) las posiciones independentistas.
Otra cosa son los
límites en “el hacer”. En cualquier Estado de derecho los límites en ese hacer
los marca la ley. No es asumible que cada uno pueda hacer lo que le venga en
gana sin considerar el marco legal en el que se está. Desde luego eso es
aplicable a todos, pero aún con un mayor nivel de exigencia a la clase
política.
¿Quién marca si
aquello que se hace está o no permitido en el marco legal? Pues en cualquier país
democrático ese papel le corresponde a los Tribunales de justicia. Esto sería tanto para el caso de Catalunya
como para cualquier otro. Si unos políticos conscientemente hacen actuaciones
que son contrarias al marco legal diría que es normal que puedan esperar algún
tipo de sanción. También en ese caso serán los Tribunales los que dictaminen la
pena que les pueda corresponder. Cabe recordar que para justificar sus
posiciones el Tribunal Supremo ha dedicado 500 páginas.
Si alguien
considera que cada cual puede hacer lo que considere oportuno al margen de la
ley, tendrá que tener en cuenta que ello también podría ser válido para las
disposiciones que pueda emitir. Sería el ejemplo de Ayuntamientos que se
posicionen contrarios a respetar la decisión del alto tribunal. Con ese mismo
argumento un ciudadano podría decir que no paga una multa que considera injusta
o le lleve a incumplir las disposiciones que ese Ayuntamiento pueda haber
emitido en materia de recogida de basuras. No creo que valga decir mi ley es
válida pero la tuya no.
En ese baile de
disfraces se viene a decir que la exigencia a Gara de que cumpla con sus
obligaciones fiscales es un atentado contra la libertad de expresión. Que Gara
es Egin con otro nombre es una evidencia que también los Tribunales certifican.
Luego, es normal que las deudas que tenía respecto a los pagos a la seguridad
social o de otro tipo también los tenga que asumir como tales. Es la misma
regla que se aplica para aquellos que compran una vivienda con cargos
(hipoteca, comunidad de vecinos) o al
Banco Santander cuando compra el Banco Popular por un euro.
En este baile de
máscaras también tenemos a aquellos que se visten de campeones del diálogo.
Claro esas posiciones contrastan con las agresiones que han sufrido periodistas
ejerciendo su función profesional o posicionándose al lado de aquellos que han
sido detenidos con explosivos dispuestos a ser utilizados. La demanda de
diálogo vendría a ser algo así como: “yo voy a hacer lo que quiero” y luego
“vamos a acordar como lo hacemos”. O dicho de otro modo se quiere un diálogo
sobre “como acordar el alcanzar la
independencia de Catalunya”. En esas condiciones es normal que ningún
presidente de España ni pueda ni quiera entrar en esas conversaciones. Lo ha
dicho Pedro Sánchez “primero la ley, luego el diálogo”.
Como en este tipo
de cuestiones no caben medias tintas, a Unidas Podemos les pediríamos que se
aclarasen un poco. Desde la práctica del “buenismo” a veces se les ve con
una falta de consistencia. Se dejan
llevar por esa supuesta izquierda que dice que “los territorios pobres” lo son
por vagos y que se solidarizan con aquellos que quieren parcelar la riqueza.
Son muchas las veces que hemos escuchado estas referencias respecto a
Extremadura o Andalucía. Igual tienen que explicar cómo ello es compatible con
“ser de izquierdas”.
La democracia se
basa en el imperio de la ley. Si a alguien no le gusta esa ley debe buscar
mecanismos para cambiarla. Lo que no cabe es que cada uno “haga de su capa un sayo” y pensar
que además eso le salga gratis.
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