LAS CARGAS IMPOSITIVAS DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA.

            Para empezar diría que considero que las cargas impositivas asociadas al pago del recibo de la luz deberían de estar asociadas a beneficiar al territorio donde se ha producido esa energía. Entre otras cosas sería un modo de compensar todo el desarraigo que han supuesto los pantanos. Es el profundo dolor de aquellos que han visto anegadas las tierras donde han ido desarrollando sus vivencias.

            No deja de sorprenderme que en una de las facturas que acabo de pagar se incluya un “suplemento territorial por tributos de la Comunidad Autónoma donde se UBICA su punto de suministro”. En este caso la referencia es Cantabria.

            Otra forma de beneficiarse de la producción eléctrica es a través de que la recaudación de impuestos está en función de donde se encuentra la sede fiscal de la empresa que genera la energía. Diría que nunca el centro administrativo de la empresa es coincidente con el de producción.

            En uno y otro caso las arcas de la administración que recauda esos impuestos, se verán “engordadas” con dinero que les llega desde esos procesos recaudatorios. En función de ello podrán tener más recursos para destinar a las necesidades sociales ya sean en educación, en sanidad, en carreteras…

            La situación podría ser muy diferente si esos impuestos se asociasen al territorio donde se genera esa producción eléctrica. Sin entrar a definir los límites de ese ámbito territorial si propugnamos que sean los más próximos al lugar donde se ubica ese centro de producción. De algún modo hay que hacer llegar la compensación económica a aquellos que han hecho un mayor esfuerzo para posibilitar obtener esa energía.

   

VANTE EL “LEÓN ES CASTILLA”. ¿DIPUTACIÓN QUE DICE? ¿DIPUTACIÓN QUE HACE?.

            Es un hecho reiterado que en muchas publicaciones y en diferentes medios de comunicación se incluye a León como una parte de Castilla. Así son muchas las veces que oímos hablar del tiempo en “las dos Castillas”, de la referencia a nuestra catedral como “castellana” o en las confrontaciones deportivas se identifica a los equipos leoneses como “castellanos”(Sin ir más lejos en la crónica del partido Cultural-Leioa en El Correo de Bizkaia se hablaba del “equipo castellano”). Las referencias podrían ser muchísimas. Entendemos que este tema adquiere especial gravedad cuando ese tipo de mensaje se incluye en los libros de texto que se enseñan en nuestras escuelas y colegios.

            Más allá de cualquier legítimo planteamiento político creemos que hay cosas que deberían ser comunes al conjunto de la sociedad leonesa. Así entendemos que no debería ser algo privativo de los leonesistas la defensa de nuestra identidad como leoneses y que no se nos asimile como castellanos. Es algo tan simple como la defensa de la rigurosidad en los mensajes. Si alguien como el Padre Isla nace en Vidanes no es de recibo que en un libro de texto le incluya como autor “castellano”  e incluso nos diga que nació en Soria. Tampoco lo es que se refieran a poblaciones o territorios leoneses como “castellanos”.

            Al objeto de hacer visible una unidad social en estos planteamientos impulsamos el “Acuerdo por la Identidad Leonesa” suscrito por los principales partidos PSOE, PP y UPL. Ese acuerdo era firmado por el que fue presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los entonces secretarios provinciales del PP y UPL. En su punto primero se dice que “en la Comunidad de Castilla y León conviven DOS identidades por lo que es incorrecto  referirse a territorios leoneses como “castellanos” o como “castellano-leoneses”. En definitiva habría que hacer entrar en valor dicho acuerdo para difundir esa imagen en el resto de España. La credibilidad se gana cuando se respeta lo que se firma.

SOBRE EL DECIR Y EL HACER.

            En mi opinión para entender el actual conflicto en Catalunya hay que tener claro lo que pueden ser los límites del decir y el hacer en un sistema democrático. Esa diferenciación es clave para entender lo que viene ocurriendo en ese territorio.

            En democracia diría que se puede decir “casi todo”. Los límites vendrían a ser los que marca el sentido común en todo aquello que directa o indirectamente afecta a la violencia. Es decir, no caben expresiones que alienten el terrorismo o la violencia en sus diferentes expresiones. Incluso diría que la democracia española ha sido bastante laxa en ello. Así se ha permitido, durante bastantes años, que partidos en cuyos mítines  subían encapuchados para gritar Gora Eta y quemar una bandera española pudieran presentarse a las elecciones y ser votados por la ciudadanía. En definitiva los límites en “el decir” son muy amplios y desde luego caben (por supuesto) las posiciones independentistas.

            Otra cosa son los límites en “el hacer”. En cualquier Estado de derecho los límites en ese hacer los marca la ley. No es asumible que cada uno pueda hacer lo que le venga en gana sin considerar el marco legal en el que se está. Desde luego eso es aplicable a todos, pero aún con un mayor nivel de exigencia a la clase política.

            ¿Quién marca si aquello que se hace está o no permitido en el marco legal? Pues en cualquier país democrático ese papel le corresponde a los Tribunales de justicia.  Esto sería tanto para el caso de Catalunya como para cualquier otro. Si unos políticos conscientemente hacen actuaciones que son contrarias al marco legal diría que es normal que puedan esperar algún tipo de sanción. También en ese caso serán los Tribunales los que dictaminen la pena que les pueda corresponder. Cabe recordar que para justificar sus posiciones el Tribunal Supremo ha dedicado 500 páginas.

            Si alguien considera que cada cual puede hacer lo que considere oportuno al margen de la ley, tendrá que tener en cuenta que ello también podría ser válido para las disposiciones que pueda emitir. Sería el ejemplo de Ayuntamientos que se posicionen contrarios a respetar la decisión del alto tribunal. Con ese mismo argumento un ciudadano podría decir que no paga una multa que considera injusta o le lleve a incumplir las disposiciones que ese Ayuntamiento pueda haber emitido en materia de recogida de basuras. No creo que valga decir mi ley es válida pero la tuya no.

SOBRE “LO CRUEL E IRRESPIRABLE”.

            El editorial del periódico “Gara” del día 15 de octubre lo titulaba “España es un proyecto cruel e irrespirable”. Todo ello en el contexto de un titular de primera página que era “La condena de 100 años contra el independentismo catalán muestra la cara más autoritaria de España”. Por si alguien lo desconoce, Gara es un periódico con claras vinculaciones con la denominada “izquierda abertzale”. Hay que tener en cuenta que esa no es la opinión particular de un articulista, sino que se corresponde con la línea editorial de ese periódico.

            Uno pensaba que lo cruel era el asesinato de personas inocentes en base al “grave delito” de pensar distinto o de ejercer sus funciones profesionales. También consideraba que era de lo más cruel el tener a una persona encerrada en un zulo de ínfimas dimensiones nada menos que 532 días. Sin embargo, mire usted por donde, para este medio de comunicación ese tipo de cosas son “avatares” y la crueldad viene expresada por lo que pueda dictar una sentencia judicial. Se condena a los jueces y se evita hacerlo a aquellos que han cometido crímenes sin que la víctima tuviera alguna posibilidad de argumentar en su defensa.

            En cuanto a lo que es irrespirable también tenemos unos conceptos muy diferentes. Para mí (y para otros muchos) lo que resultaba irrespirable es que un día tras otro te levantaras con la noticia de algún crimen cometido por ETA. Lo que era irrespirable es que en Euskadi más de 3.000 personas tuvieran que vivir con escolta y que más de 13.000 aparecieran en los listados de la banda terrorista. Era irrespirable la kale borroka y las amenazas a la libertad de expresión. Era irrespirable que hubiera personas que no podían ir al cine o a comprar el pan (como el concejal Zamarreño asesinado al salir de la panadería).

            También tenemos conceptos muy distintos sobre quién padecía esa crueldad y ese clima irrespirable. Para ustedes resulta que España es un el agente que promueve esa crueldad. Sin embargo, resulta que los asesinados, secuestrados o extorsionados en Euskadi lo han sido “por españoles” y aquellos que han cometido esos hechos se autodefinían como “abertzales”.

            Esa España “cruel e irrespirable” permite que ustedes puedan organizar exposiciones que a muchos nos pueden repugnar, como es el caso de la del asesino de Tomás y Valiente (Bienzobas). Aquí el debate con el Ayuntamiento de Galdacáno gobernado por EH Bildu se plantea en términos de ética y no de legalidad. Tampoco se llega a entender la postura que sobre esa exposición mantiene su socio Podemos cuando afirma que “hay que mirar la obra y no tanto al autor”. No sé si ese discurso lo mantendrían si el “artista” fuera un violador múltiple o un miembro del Batallón Vasco Español.

FABRICAR SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA.

          Textualmente la moción aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Valladolid dice: “El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León a modificar algunos aspectos que viene aplicando desde los inicios de la Comunidad y que no han servido para superar localismos ni provincianismo ni para fabricar sentimiento de pertenencia a la Comunidad…”. Con ese discurso los partidos políticos con representación en ese Ayuntamiento demandaban la capitalidad de la actual autonomía para Valladolid.

            Me parce muy relevante esa declaración. Admite por un lado que se trata de “fabricar” lo que no existe ni ha existido desde la constitución de esta autonomía (el sentimiento de pertenencia a esa Comunidad). Que esa “fabricación de sentimiento de identidad” se sustenta con el dinero público. Son muchísimos recursos (estaremos hablando de varios cientos de millones de euros) los que se destinan a “fabricar ese sentimiento”. Además, esa declaración constata que ese mucho dinero que se ha gastado no ha servido para cumplir sus objetivos. Es decir, ha sido un gasto inútil.

            El que esa demanda de “fabricar sentimiento de Comunidad” se haga desde el Ayuntamiento de Valladolid indica muy claramente a quién beneficia esa “acción”. Todo lo que contribuya a aumentar “la producción de ese sentimiento” será “bendecido” por las arcas de la Junta con independencia de la veracidad o no de lo que se pueda decir. Si algo se aparta de “la línea de producción” entonces serán “localismos” y “provincianismos” a “superar”. Diría que muy en línea con el modelo político de la España franquista.

            Con esa resolución viene a ser un “dejémonos de tonterías que no sirven”.  Desde su perspectiva (compartida por los diferentes grupos políticos) se viene a considerar que hay que profundizar, aún más, en la centralización de la Comunidad Autónoma. Su visión sería que ya que no ha funcionado “la fabricación de sentimiento de identidad” habrá que promocionar el “palo y tente tieso”. Si el rechazo a Valladolid no se puede evitar, se demanda que se haga a “Valladolid más fuerte” a costa de debilitar aún más al resto de provincias que componen esta autonomía. Y dentro de esa concepción especialmente a los más díscolos que promueven “localismos” y “provincianismos”.